La agonía planificada: por qué defender la universidad pública es defender la democracia
Frente a recortes y debates sobre financiamiento, repensamos el rol de la universidad pública como pilar democrático. Una mirada desde el litoral para estudiantes que se preguntan qué estudiar y por qué importa el acceso igualitario.
Cada vez más jóvenes de secundaria en Entre Ríos y Santa Fe se preguntan si les conviene seguir una carrera universitaria o si el esfuerzo vale la pena en un contexto de ajustes permanentes. La universidad pública aparece como un espacio en tensión: por un lado, es la puerta de entrada a saberes y profesiones; por el otro, enfrenta una agonía planificada que amenaza su rol como garante de la democracia.
Defenderla no es solo una consigna. Es entender que una institución abierta, gratuita y de calidad permite que un pibe de Gualeguaychú, de Paraná o de un pueblo del litoral pueda formarse como docente, ingeniero, médico o científico sin que el bolsillo de sus padres sea el límite. Cuando se recorta el presupuesto, se recorta el futuro de miles que hoy están terminando el secundario.
¿Qué se estudia en las universidades públicas del litoral? En la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) podés elegir desde Profesorados en distintas disciplinas, Licenciaturas en Ciencias de la Educación, Enfermería, Ingeniería en Alimentos o Abogacía. En la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en Santa Fe, el abanico incluye Arquitectura, Ciencias Económicas, Ingeniería Química o Comunicación Social. Todas con inscripción abierta en las fechas que cada casa de estudios publica en sus sitios oficiales. Te recomiendo siempre verificar los requisitos y cronogramas directamente en uner.edu.ar o unl.edu.ar porque pueden actualizarse.
La duración típica de una carrera de grado ronda los 4 a 6 años según la complejidad y el régimen de cursada. Muchas ofrecen modalidades a distancia o semi-presenciales, ideales para quienes trabajan o viven lejos de las sedes principales. Eso reduce costos de traslado y alojamiento, dos de los gastos que más pesan a las familias del interior.
Pero el tema va más allá de los números de matrícula. La universidad pública es uno de los pocos espacios donde se produce conocimiento propio, se investiga sobre problemas regionales (inundaciones, producción agropecuaria, salud comunitaria) y se forma a los profesionales que después vuelven a sus ciudades. Cuando se la debilita de forma sistemática, se debilita también la capacidad de pensar el país desde nosotros mismos.
Desde la orientación vocacional en escuelas secundarias del litoral vemos que muchos estudiantes dudan: “¿me conviene estudiar algo corto o algo largo?”, “¿y si después no consigo trabajo?”. La respuesta no es sencilla y no viene con garantía. Lo que sí sabemos es que la formación universitaria pública aumenta las chances de inserción laboral calificada y, sobre todo, da herramientas para entender y transformar la realidad.
No se trata de prometer que todos los egresados tendrán empleo asegurado. Se trata de reconocer que una sociedad sin universidad pública fuerte es una sociedad más desigual, donde el conocimiento queda reservado para quienes pueden pagarlo. Defender el acceso igualitario es defender la posibilidad de que cualquier pibe del interior pueda llegar a ser lo que sueña.
Si estás terminando el secundario o pensando en retomar estudios, te invito a informarte sin apuro. Mirá las carreras que realmente te interesan, calculá los tiempos reales (inscripciones, materias, prácticas) y evaluá también las becas y programas de apoyo que ofrecen las propias universidades y el gobierno nacional. El camino no es fácil, pero sigue siendo posible.
La democracia se construye también en las aulas. Cuando defendemos la universidad pública, estamos defendiendo el derecho a pensar, a investigar y a formarnos sin que el origen determine el destino.